BUENOS AIRES, jun. 19 (UPI) -- El municipio de la ciudad de Buenos Aires minimiza la asistencia a las víctimas de trata de personas, y restringe el concepto de asistencia a la entrega de frazadas y un albergue.

La polémica se desató por una pareja que denunció penalmente a la marca Kosiuko y por utilizar la esclavitud para su producción. Pero el juez Guillermo Treacy obligó al gobierno del alcalde Mauricio Macri a prestar ayuda a los denunciantes, y amparándose en la ley de asistencia a las víctimas de trata con fines de explotaciones laborales o sexuales.

Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos del municipio, Helio Rebot, acotó la asistencia a la entrega de "frazadas y refugios", y más aún, fustigó el papel de la cooperativa de costureros La Alameda, permanente defensora de los derechos de quienes son sometidos a inhumanas condiciones de trabajo en talleres textiles.

"No hacen nada concreto, y dicen que hacen", reclamó entonces la diputada Verónica Gómez, responsable de la ley, y añadió que "el programa de asistencia a las víctimas no lo hace a las de trata, es un programa macro sobre combatientes de Malvinas o de Cromañón, pero no trabaja sobre el particular estado de vulnerabilidad de las víctimas de este delito".

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