Querellantes del caso Karadima emprenden acciones civiles contra el Arzobispado de Santiago

Nov. 27, 2012 at 10:00 PM   |   Comments

SANTIAGO, Chile, nov. 26 (UPI) -- Tres de los querellantes en contra del sacerdote Fernando Karadima presentaron una medida prejudicial precautoria en contra del Arzobispado de Santiago para determinar la relación patrimonial del clérigo con la institución, para luego perseguir el pago de millonarias indemnizaciones por los abusos sexuales cometidos en los años 80' y 90'.

Se trata del médico James Hamilton, el sociólogo José Andrés Murillo y el periodista Juan Carlos Cruz, quienes representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla ingresaron el libelo ante la justicia civil.

En el escrito los querellantes piden que se adjunten una serie de documentos y que comparezcan al menos 50 personas que conocieron el accionar de Karadima en la Parroquia de El Bosque, en la comuna de Providencia desde 1962.

Esta presentación es la fase previa a la interposición de una demanda indemnizatoria contra la Iglesia Católica chilena que pretenden los querellantes luego que la justicia penal sobreseyera el caso en contra del sacerdote de 82 años por estar prescritos los hechos, pese a que la ministra en visita Jessica González corroboró que los abusos sexuales se cometieron.

En su resolución de 84 páginas, la ministra en visita acreditó que Karadima realizó tocaciones y besos a seminaristas, sacerdotes y feligreses, los que fueron un patrón de conducta desde 1962 en adelante.

Según el fallo de la magistrada, "Fernando Karadima poseía un carácter fuerte, era carismático, autoritario, controlador e imponía su voluntad a los jóvenes, seminaristas y sacerdotes dirigidos por él". González también dijo en la fallo que habían delitos "cometidos en la persona de Juan Carlos Cruz entre los años 1980 y julio de 1981; James Hamilton entre mediados del año 1983 y septiembre del mismo año y Fernando Batlle, entre 1991 y enero de 1995". Respecto a José Andrés Murillo, los hechos de connotación sexual no corresponderían a abusos de menores.

Latam/Reporte/gac

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