Los Bonos Impagos del Perú: Mi Familia y Nuestra Búsqueda de la Justicia

Noviembre 5, 2015 | 2:07 PM

LIMA, nov. 5 (UPI) -- Tashta Ocharutunan -en el departamento de Ancash, a 800 kilómetros al norte de Lima- es el nombre de la hacienda que le expropiaron a mi familia. Había pertenecido a la familia Pretel desde 1913, pero luego un día de Julio de 1969 llegaron los militares y desalojaron a mi familia. Mi padre me llamó por teléfono y me dijo: "Hijo, nos han empobrecido. No tenemos nada para comer, ni siquiera un pedazo de pan o un carnero".

La junta militar izquierdista que había tomado el poder en un Golpe de Estado el 3 de octubre de 1968 había prometido "darle justicia a los pobres" mediante-entre otras acciones-"una reforma agraria". Pero la reforma se limitó a la expropiación de tierras y a entregárselas a campesinos sin preparación, sin capacidad de gestión o recursos de capital, los cuales-al final-siguieron tan pobres como antes de la reforma. En el entretanto, redujeron el potencial productivo de las tierras expropiadas, retrasando al sector agrícola varias décadas, cuando antes de la reforma había exhibido un nivel relativamente alto de productividad y modernidad.

En compensación por nuestras 1,626 hectáreas de tierras cultivables-además de los animales y las maquinarias-el gobierno militar le entregó a mi familia "Bonos de la Deuda Agraria" por un total de 253,000 Soles Oro, la moneda nacional en curso en ese entonces. Los bonos valorizaban las tierras y demás activos a una fracción de su precio de mercado. Las palabras de despedida de mi padre, antes de morir, fueron: "Hijo, no aceptes el pago. Es un precio vil".

No tendría que haberse preocupado. Cuarenta y tres años después, los bonos entregados a mi familia siguen impagos y su valor se ha reducido prácticamente a cero gracias a una serie de hechos fraudulentos perpetuados en el Tribunal Constitucional (TC)-órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad- y las acciones de manipulación y fórmulas de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Palabras fuertes? Efectivamente- y requieren de mayor explicación.

Como mi abuela, y luego mi padre y después yo, un buen número de dueños de tierra expropiadas, luchamos contra tales expropiaciones en el sistema judicial del país. Por años, cuestionamos, inútilmente, el valor de las tierras según como había quedado establecido en los Bonos Agrarios. Luego, nos resignamos a pedir simplemente el valor de los bonos. A lo largo de los años, los distintos gobiernos ignoraron nuestras solicitudes señalando que los bonos ya habían perdido todo su valor debido al tiempo transcurrido y a la inflación e hiperinflación que causó estragos en el país durante la década de los 80s.

Pero, luego, el 15 de Marzo del 2001, el Tribunal Constitucional dictaminó sentencio vinculantemente que los bonos eran válidos y ordenó que fueran pagados en su totalidad, con todos los ajustes necesarios para restablecer el poder de compra de los bonos originales, reconociendo el costo de oportunidad (intereses y moras) de haber tenido los bonos todos estos años. Emocionado, visité la tumba de mi padre en Ancash y lloré.

Catorce años después, todavía no hay pago, pero eso si-finalmente-hay una "propuesta de pago", detallada en los Decretos Supremos Nos. 17 y 19 del 2014 emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. En nuestro caso, dicha propuesta se traduce en un pago de 0.5 Nuevos Soles por hectárea, por un total de 813 Nuevos Soles (cerca de USD250) por todas nuestras tierras, dinero que será pagado no antes del 2020. ¿El valor actual de las tierras? Según se desprende de ventas recientes y otros datos referentes, alrededor de USD 3,000 por hectárea o casi USD5 millones por las 1,626 hectáreas.

¿Cómo hizo el MEF para lograr tan milagrosa transformación? En Julio del 2013, los magistrados del Tribunal Constitucional-luego de haber estudiado a profundidad durante más de un año una moción que ordenaba al gobierno a cumplir con la sentencia del propio TC del 2001-recibieron la orden, por parte del Presidente del TC, de desechar un borrador de propuesta que contaba ya con el apoyo de tres de los seis magistrados del TC (dos de los cuales incluso lo habían firmado) y discutir para su firma un nuevo proyecto-precisamente el proyecto que-ya aprobado con el voto dirimente del Presidente del TC, Sr. Urviola-sienta las bases legales sobre las que se erigen los mencionados Decretos Supremos del MEF.

Tales decretos están plagados de inconstitucionalidades y de una fórmula de pago que una vez más licúa el valor de los bonos. Muchos-y me incluyo-creemos que la resolución del TC el método de la valorización de los bonos agrarios fue escrita por personal del MEF y que fue impuesta-mediante presión política-a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero entre las sospechas hay una certeza: la presión política no convenció a todos los magistrados. Uno de ellos, el ahora ex magistrado Carlos Mesía, dejo su firma en el proyecto de borrador original, el cual-sin su consentimiento y con la ayuda del líquido corrector fue convertido en una opinión disidente adulterándola.

Nada de esto parece importar. De alguna manera, el TC aprobó el nuevo proyecto de resolución apenas 24 horas después que fuera entregada a los magistrados para su consideración. Todo esto es un escándalo. La decisión del Tribunal Constitucional es fraudulenta y la fórmula de pago del MEF es confiscatoria. Pero debido a que se usó líquido corrector para alterar la resolución-un hecho que descubrí de manera fortuita mientras revisaba los archivos relacionados con la resolución del TC-por lo menos ahora este tema está bajo investigación por parte de la fiscalía.

Ya tengo 75 años. Muy probablemente, de mantenerse como está el esquema de pago del MEF, es previsible que muera sin que se haga justicia. A pesar de ello, voy a continuar la lucha de mi familia. Hasta respirar mi último aliento.

Augusto Pretel es un Capitán (R) de la Marina de Guerra del Perú. Las tierras de su familia fueron expropiadas por el gobierno Peruano.

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